Hace años que se habla de la encrucijada que vive el periodismo. Las webs informativas, las redes sociales, las plataformas de vídeos en internet y los podcasts abren nuevas posibilidades, al tiempo que suponen un reto que las empresas se afanan en afrontar. Mientras, el florecimiento de los bulos ahonda en el desprestigio de los profesionales de la información y les enfrenta al desafío de hacer valer el trabajo riguroso y honesto por encima del “clickbait”  y la manipulación. En desenredar este embrollo tenemos un importante papel los trabajadores, que somos quienes más sufrimos sus consecuencias: las plantillas están mermadas, los abusos laborales crecen y los salarios son más pobres día a día. 

En el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) creemos en el periodismo y trabajamos convencidos de que su futuro pasa inevitablemente por mejorar las condiciones de quienes lo ejercemos. La información libre y de calidad, la que hace más democrática y próspera una sociedad, necesita de profesionales con salarios y condiciones de trabajo dignos. Es un derecho de los periodistas y de la sociedad a la que servimos.

Por todo ello, planteamos de cara al año que empieza las siguientes reivindicaciones dirigidas a las empresas y a los poderes públicos:

1 Cláusulas sociales en la contratación de publicidad institucional. La publicidad que las administraciones públicas hacen en diarios, televisiones, radios y medios de internet no puede amparar el maltrato a los trabajadores. Las empresas tienen que cumplir unos requisitos mínimos de respeto de los derechos de sus empleados para recibir fondos públicos y esas condiciones deben ser objetivas, reguladas, no sometidas a la buena voluntad y el arbitrio de empresas y responsables de las instituciones.

2 Recuperación de poder adquisitivo de los profesionales. En medios privados y públicos los salarios están estancados desde la crisis económica de 2008, lo que significa de hecho una merma muy notable de los ingresos reales de los trabajadores de la comunicación, cada vez más empobrecidos y, por tanto, más propensos a abandonar la profesión y más vulnerables.

3 Nuevos convenios dignos en Última Hora y Diario de Mallorca.  Los comités de los dos diarios más importantes del archipiélago negocian con sus empresas nuevos convenios colectivos para mejorar sus condiciones. Su supervivencia, determinante para garantizar la pluralidad informativa en las islas, pasa por compensar adecuadamente el esfuerzo de sus profesionales. 2023 debe ser el año en que los dueños de los dos periódicos reconozcan y fomenten con salarios y condiciones dignos el buen hacer de sus trabajadores.

4 Mejora real de las condiciones de los trabajadores de informativos de IB3. La internalización de los trabajadores de los servicios informativos de IB3, prometida por el Govern para febrero tras desoír su reivindicación durante años, supone un avance en la estabilidad, pero parten con las mismas condiciones que tenían en la empresa subcontratada, precarias en salarios y desiguales respecto a sus compañeros ya contratados por el ente público. Es imprescindible la negociación rápida de un nuevo convenio que eleve los sueldos y garantice los derechos laborales en la televisión y la radio autonómicas, la mayor empresa de comunicación de Baleares.

5 Nada de vetos. La libertad de expresión y opinión es un derecho de todos los ciudadanos y el periodismo es esencial para la pluralidad política. Los vetos a profesionales por parte de partidos políticos u otras entidades son, por tanto, contrarios a las libertades democráticas. Los periodistas no debemos admitirlos y las empresas tienen que amparar a sus trabajadores cuando se niegan a cubrir actos donde se veta a compañeros. 

6 Rechacemos comparecencias sin preguntas y actos electorales camuflados como ruedas de prensa. Las comparecencias de políticos en las que no se permiten preguntas de los periodistas son una práctica opaca en la que los informadores son utilizados como atrezo. Instamos a las empresas a no cubrirlas y, en cualquier caso, exigimos a quienes las convocan que adviertan siempre de antemano sobre esas condiciones. Asimismo, rechazamos los actos electoralistas o de partido camuflados como comparecencias ante los medios 

7 No a las cuotas electorales en los informativos. La ley impone a las televisiones y radios públicas que durante las campañas electorales cronometren el tiempo en los informativos para que los partidos en liza tengan una presencia proporcional a su resultado en las elecciones anteriores. Esta práctica es contraria a la libertad periodística, en la que debe primar el criterio de interés y actualidad, y pone en cuestión la imparcialidad de los profesionales.

8 Respeto al secreto profesional. En Baleares se produjo hace poco más de cuatro años la vulneración más flagrante del derecho al secreto profesional de los últimos años en España: un juez, con apoyo de la Fiscalía y a instancias de la Policía, requisó teléfonos y ordenadores y controló las llamadas de periodistas en busca de sus fuentes. El Tribunal Constitucional confirmó el abuso, pero el juez fue absuelto y la Fiscalía aún defiende su actuación. Algo así no puede volver a repetirse.

9 Más transparencia. Las instituciones son depositarias de información de interés público que, salvo excepciones justificadas, debe estar al alcance de los periodistas para que la den a conocer a la ciudadanía. La transparencia es aún una asignatura pendiente para los políticos, que en ocasiones se apropian del control de esa información en su beneficio. Se requieren medios técnicos y recursos humanos para facilitar el acceso ágil a los datos sobre la actividad de las administraciones, y, sobre todo, hace falta voluntad política. 

10 Control y sanción de los abusos contra autónomos, becarios y trabajadores en prácticas. La precarización del periodismo ha ampliado la subcontratación de trabajos en favor de autónomos y “periodistas a la pieza”, y ha agravado el problema histórico del uso indebido de becarios y trabajadores en prácticas como fuerza laboral. Son las empresas las primeras responsables de esta situación, y debemos exigirles el cumplimiento estricto de las leyes, pero también existe una responsabilidad de control y sanción que deben ejercer las instituciones.

Estas son las reivindicaciones principales del SPIB para 2023. Hacemos un llamamiento a las empresas públicas y privadas, los responsables institucionales y los dirigentes políticos a favorecer su cumplimiento, y animamos a todos los trabajadores de la comunicación a reclamarlas unidos para su beneficio y el del conjunto de la ciudadanía. 

Feliz año.