#ElSecretoNoSeToca

El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) celebra que el Tribunal Constitucional haya sentenciado que los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre sufrieron un trato injusto por parte del juez que ordenó la requisa de sus teléfonos, Miguel Florit, y de la Audiencia de Palma al impedirles defenderse de esa vulneración de sus derechos.

La sentencia unánime del Constitucional, hecha pública este jueves, constata que al negarles la posibilidad de personarse en el proceso el juez de instrucción y la Audiencia Provincial privaron sin justificación a los dos periodistas de su derecho de acceso a la jurisdicción para defenderse.

La intervención policial de los teléfonos móviles y los ordenadores de Kiko Mestre y Blanca Pou, amparada por el juez, el fiscal y los magistrados de la Audiencia, legitimaba a los profesionales y a sus empresas, Diario de Mallorca y Europa Press, a personarse en el proceso en defensa de sus intereses profesionales y de derechos fundamentales como el derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, a la inviolabilidad del domicilio y al secreto profesional.

Este último, el secreto profesional de los periodistas, reconocido expresamente en el artículo 20 de la Constitución, es un pilar esencial de una democracia sana, pues garantiza el acceso de la sociedad a una información veraz y defiende ante los poderes públicos a quienes trabajan por el cumplimiento de ese derecho de los ciudadanos. Reivindicarlo, como pretendían los dos periodistas víctimas de la injusticia que el Constitucional reconoce ahora, era un ejercicio de defensa propio y también colectivo, de la libertad de información y del periodismo como servicio público.

Lamentablemente, la sentencia del Tribunal Constitucional, referida a unos hechos ocurridos a finales de 2018, ya no tiene ningún efecto práctico, pero confiamos en que siente un precedente efectivo que evite nuevos abusos judiciales como el que sufrieron nuestros compañeros.